Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se han convertido en uno de los nuevos conceptos más importantes del año 2023, sin embargo la mitad de los españoles desconoce en qué consisten. La compañía de movilidad Alphabet ha realizado un estudio que revela que uno de cada dos españoles todavía no sabe del todo qué es una ZBE. El 1 de enero de 2023 entró en vigor la nueva Ley de Cambio Climático, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implementar las famosas Zonas de Bajas Emisiones, que impiden el acceso al centro de las ciudades a determinados vehículos.
150 municipios de España deberán cumplir con la nueva normativa. Cerca de once millones y medio de coches circulan por el centro, y se estima que casi cuatro millones dejarán de hacerlo este año debido a la normativa de las ZBE. El 80% de los encuestados en el citado informe se muestran de acuerdo con la nueva medida que pretende frenar el cambio climático, sin embargo casi el 40% desconoce qué distintivo tiene su coche y por lo tanto no saben si se verán o no afectados por la nueva ley. Uno de cada tres españoles cree que sus hábitos de movilidad cambiarán a la fuerza tras la imposición de estas nuevas zonas, y el 16% baraja comprar un coche nuevo para poder circular por su ciudad con normalidad.
En caso de no tener más remedio que comprar un coche nuevo, la mayoría de los españoles se decantarían por el híbrido no enchufable, la segunda opción más solicitada serían los coches eléctricos, y en último lugar los vehículos gasolina o diésel. Siete de cada diez españoles se muestran preocupados por el nivel de contaminación del aire en su ciudad, y por lo tanto apoyan las ZBE y las medidas de fomento del transporte público como la concesión de abonos gratuitos y el incremento de las rutas y las frecuencias.
La mitad de los encuestados ve con buenos ojos las ayudas para la compra de coches eléctricos, mientras el 40% respalda la instalación de aparcamientos disuasorios en las entradas a las ciudades y la creación de nuevas zonas peatonales. Sin embargo, las medidas que suponen un coste para los ciudadanos son las peor valoradas por los encuestados. El 69% de los españoles asegura que la obligación de implantar nuevas ZBE se debe a motivos medioambientales, mientras que un 29% atribuye esta medida a fines políticos y uno de cada cuatro cree que solo tiene una meta recaudatoria.